El juez Federal subrogante de Bahía Blanca, Álvaro Coleffi, convocó para mañana a prestar declaración indagatoria al arzobispo de esa ciudad, Guillermo José Garlatti, y a Leopoldo Bochile, apoderado del recientemente fallecido ex capellán militar, Aldo Vara, en la causa que los tiene imputados por haber prestado asistencia al sacerdote mientras estuvo prófugo durante ocho meses.
La información fue confirmada a Fiscales por la fiscal General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca, María Cristina Manghera de Marra, quien mañana representará al Ministerio Público en las audiencias que se celebrarán a las 8:30 y a las 11:00, para la indagatoria del arzobispo y el apoderado, respectivamente.
Manghera de Marra subroga como fiscal en esta causa al fiscal de primera instancia Antonio Castaño y al de Cámara Alejandro Cantaro, ambos con licencia. Tanto Castaño como Cantaro habían requerido al juez Santiago Ulpiano Martínez la indagatoria de los dos imputados, pero el juez había respondió el pedido.
Ante la ausencia de Martínez, actualmente con licencia, Coleffi se hizo cargo del trámite del expediente y fijó las audiencias para que mañana Garlatti y Bochile puedan efectuar su primer acto de defensa en esta causa.
El juez hizo lugar al reclamo de los dos fiscales, quienes durante la dirección de la instrucción lograron detectar que el ex capellán Vara cobraba un beneficio jubilatorio especial para sacerdotes que se pagaba desde la curia bahiense y a través de Leopoldo Bochile.
Vara percibía mensualmente a su nombre alrededor de 2400 pesos en concepto de un «subsidio por edad» para mayores de 68 años que paga la Conferencia Episcopal Argentina a través del Fondo de Solidaridad (FIDES), «el sistema de seguridad previsional de los sacerdotes seculares de Argentina». (Foto: Juiciobahiablanca.wordpress.com)
El cura fue hallado por Interpol en Ciudad del Este, Paraguay, el 28 de abril y falleció el miércoles 4 de junio en la parroquia donde cumplía arresto domiciliario a la espera de su extradición. Su detención había sido ordenada el 7 de agosto de 2013, a pedido de integrantes de la Unidad Fiscal de Bahía Blanca, José Nebbia y Miguel Palazzani.