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El “verdadero estado” en que se encuentra el conflicto judicial por el dragado

Lo contó AVDA. Cómo sigue la causa en la Justicia. “Los plazos procesales se encuentran en curso”, manifestaron. Las críticas a Hugo Borelli.

Foto: Web

La Asociación Vecinal en Defensa del Ambiente, que presentó un amparo ante el Juzgado Correccional Nº 3 de la Circunscripción Judicial de Bahía Blanca, advirtió sobre “el despliegue de actitudes de abierto desprecio por la vigencia de la Ley y el rol de las instituciones” y manifestó que “se ve en la obligación de informar a la población el verdadero estado en que se encuentra el conflicto planteado en sede judicial en el que se ha impugnado la obra de Dragado del canal de Acceso a Puerto Galván.”

La obra cuyo contrato fue firmado para dragar la ría -según se anunció el pasado martes 21 de febrero- se encuentra impugnada por la Asociación por considerar nula la Declaración de Impacto Ambiental que le otorgara el OPDS.

“Tal impugnación en sede judicial no puede desconocerla el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto, Hugo Borelli, porque se ha notificado de nuestra demanda, y también sabe de la ampliación de la misma. Los plazos procesales se encuentran en curso y esta Asociación ha pedido el dictado de una medida cautelar que impida el inicio de las obras, ello le fue negado, y esa negativa se encuentra apelada. La justicia resolverá”, se mencionó.

“Tampoco puede decirse ahora que la obra no tiene relación con el llamado “Proyecto YPF” cuando en la Audiencia Publica del 16 de Noviembre pasado, el entonces intendente y actual Ministro Breitenstein, el entonces Presidente del Puerto y actual Director Provincial, Jorge Otharan, dijeron de forma clara y contundente que esta obra era esencial para el Proyecto que en esa audiencia nula llamaron a discutir, con el agravante que eso mismo esta expresamente escrito en el documento EIA Dragado que difundieron públicamente”, expresaron.

“Contratar una obra que puede afectar el ambiente sin saber dónde y cómo se dispondrán sus residuos -porque el refulado es eso: residuos-, en la Provincia de Buenos Aires y en la República Argentina es ilegal y antijurídico, porque ello significa que no hay estudio de impacto ambiental. No puede hacerse una obra como esta sin contar con la Declaración de Impacto Ambiental“, menciona un escrito presentado por la Asociación de Cerri.

“Defenderemos el ambiente en forma armónica con la defensa del trabajo, el patrimonio y el progreso cultural, social y material armados de instrumentos simples pero tan fuertes que difícilmente puedan ser vencidos: las ideas, las instituciones y la ley”, culmina el informe.

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